La didáctica del látigo islámico

Manifestación de mujeres tuareg contra los islamistas en Malí. Vídeo difundido por el MNLA. 
Abajo, cicatrices de una víctima del castigo del látigo en Batong Rouge (Louisiana) en 1863. 

El vídeo de la joven pareja de Tombuctú castigada a cien latigazos cada uno por tener una hija sin estar casados, le ha venido de perillas al frenesí con el que la diplomacia francesa está moviendo ficha para encontrar la manera de intervenir en Malí contra la independencia proclamada por los tuareg en el norte del país. Los tuaregs del Movimiento de Liberación Nacional del Azawad ya pueden decir que ellos son laicos, que las poblaciones de las ciudades bajo su control rechazan el islamismo que exige una rigurosa aplicación de la sharia y que las facciones que defienden un estado tuareg islamistas son minoritarias y ajenas a su movimiento y su cultura. La realidad es que, como mínimo, el terrible episodio de la pareja flagelada demuestra que el MNLA (que ha confirmado el hecho al condenarlo en un comunicado) no tiene un control absoluto, como aseguraba, de Tombuctú, la ciudad mítica de las rutas caravaneras; como tampoco debe tenerlo en Kidal, donde las mujeres que se manifestaron contra el "oscurantismo" islamista fueron duramente represaliadas, o en Gao donde su Gobierno de transición también ha condenado el asesinato de un profesor por parte de elementos "no identificados" que no obedecen sus consignas de tolerancia, laicismo y pacífica convivencia entre tribus tuaregs y negras.


En cualquier caso, es una buena noticia de que, por fin, Occidente se escandalice por la brutalidad de los métodos que en ciertas partes de la tierra se aplican en nombre del respeto a la religión. Si el salvajismo exhibido en la mítica perla del desierto sahariano es aireado para ilustrar el peligro que supone para la seguridad internacional el fanatismo islamista, se supone que ello servirá para actuar también en relación otros países donde la estricta aplicación de la ley islámica hasta ahora era observada por los occidentales como un elemento natural de una cultura a la que hay que respetar en nombre del principio de la no injerencia. 

De hecho, la afición islamista por la disciplina de la “letra con sangre entra” se ha convertido en motivo de polémica internacional en relación a Irán, Sudán o el norte de Nigeria. Pero, también está de lo más arraigada en países muy respetables como Arabia Saudí, Kuwait o Singapur donde la aplicación de los latigazos no es vista ni por Francia ni, por supuesto, EEUU o Inglaterra como un síntoma de peligroso extremismo. 

A veces organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional logran promover campañas de denuncia contra estas deplorables prácticas, como ocurrió con el gay condenado a recibir mil latigazos en Arabia Saudí  por faltar al concepto de decencia viril islámica. O en el caso de la anciana saudí de 75 años castigada a 40 latigazos por reunirse con dos jóvenes sin ser familiares sin que sirviese de disculpa que uno de ellos (castigado con 60 latigazos) alegase que era hijo de leche de la mujer que lo había amamantado de niño. O el de la periodista Rosana al Yami condenada a 60 latigazos por trabajar en una cadena de televisión libanesa que emitió un programa que en opinión de las autoridades hacía apología del pecado en cuya confección, por cierto, incluso el juez reconoció que ella no había tenido nada que ver. O el de las mujeres condenadas por conducir o la niña de 13 años castigada con 90 latigazos por llevar el teléfono móvil a clase. 

Cuando estas noticias saltan a los grandes titulares de la prensa, puede llegarse a lograr que las autoridades apliquen una reducción de condena e, incluso el indulto. Se aprovecha entonces desde Occidente  para celebrar el hecho como un síntoma de cambio aperturista o, incluso, de cumplimiento de esas promesas que ya en 2009 el Gobierno saudi hizo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de acabar  con el sistema de tutela de los hombres sobre las mujeres, dar plena identidad jurídica a las mujeres sauditas, y prohibir la discriminación de género.  Al fin y al cabo, como dicen en Riad,  el concepto de sharia, relativo a la tutela masculina sobre la mujer, no es un requisito legal, y  "el islam garantiza el derecho de la mujer para llevar a cabo sus asuntos y gozar de su capacidad jurídica..." 

Mientras en Riad avanzan en la senda de la moderación,  resulta llamativa la tolerancia con la que, por ejemplo, los gobiernos occidentales se las cogen con papel de fumar cuando sus propios ciudadanos son condenados a probar los rigores de la justicia saudí.  Tomemos como muestra lo ocurrido con el australiano de origen iraquí Mansor Almaribe,  condenado a 500 latigazos por un supuesto delito de blasfemia cometido en Medina durante una estancia en este país para cumplir con el precepto de todo buen musulmán de peregrinar a La Meca. Al final el Gobierno australiano logró que Almaribe, enfermo de diabetes y con problemas cardíacos fuese liberado con una reducción de pena. El Gobierno australiano anunció como una gran victoria y muy agradecido que a Almaribe se le hubiesen perdonado 425 latigazos y limitasen la flagelación a 75 golpes. “Su castigo corporal ha sido reducido considerablemente y administrado de manera que no cause daño físico", dijo el ministerio de Exteriores australiano congratulándose de la buena nueva. 

Cabe esperar que, a partir de ahora, estas contemplaciones se acaben. Seguro que el Gobierno de François Hollande se encargará de liderar una campaña internacional contra todo régimen que aplique el islam y el orden a golpe de látigo.

La ONU no quiere una intervención militar en Malí. Francia 0, tuaregs y Argelia, 1

Cheij Modibo Diarra, primer ministro interino del Gobierno de Malí (izquierda) se reunió en París con el ministro de Exteriores francés Laurent Fabius (derecha) el pasado viernes coincidiendo con las gestiones en la ONU a favor de la intervención de la CEDEAO en este país africano. / Ministère des Affaires étrangères/Frédéric de La Mure Abajo, máscara maliense de los dogón.  Desde que ganó las elecciones en Francia, el presidente François Hollande ha seguido la línea de su antecesor Sarkozy, moviendo hilos para intervenir en Malí contra la rebelión tuareg que ha partido el país saheliano en dos. Acabar con el recién proclamado estado del Azawad es ya claramente una de las prioridades  la política exterior francesa. Pero, por el momento la jugada les ha salido rana ya que el Consejo de Seguridad de la ONU que el viernes estudió el tema, mantiene el farolillo rojo no sólo a un posible despliegue de cascos azules en Malí sino incluso, a dar sus bendiciones a que sean otros los que pongan orden en este país africano.  Los tuaregs del Movimiento para la Liberación Nacional del Azawad (MLNA) desafiaron a Francia declarando el 6 de abril la independencia del Azawad, el norte de Malí. A partir de ahí, como ya contamos, Francia se convirtió en la abanderada de esa corriente de opinión que intenta convencer a la comunidad internacional de que la secesión tuareg es un peligro para la seguridad del mundo occidental, con una determinación que nunca ha tenido, por ejemplo, en el caso de Somalia donde el yihadismo y la piratería han convertido el mar en una zona de alto riesgo incluso para el paso de barcos mercantiles. Su tesis en este caso, se basa en que los tuaregs han logrado ganarle la batalla al Gobierno central de Bamako gracias al apoyo de Al Qaeda y otras fuerzas yihadistas y que un gobierno del Azawad será, inevitablemente, un Gobierno de Al Qaeda.  Desde París se ha descartado una intervención francesa unilateral pero ha movilizado a su diplomacia para que el Consejo de Seguridad se pronunciase en contra de la secesión del Azawad. Al no lograrlo, primero Sarkozy y ahora Hollande, han recurrido a los representantes de la Unión Africana (presidida este año por Benín, un tradicional peón de la estrategia imperial gala en África) y de la CEDEAO (la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, presidida por el Gobierno de Costa de Marfil que aupó el Gobierno francés con otra intervención armada. Los franceses animan a estas dos organizaciones a que hagan suyos los argumentos a favor de la intervención en Malí. A cambio, el Gobierno francés ha prometido a estos africanos que, si se deciden a actuar contra los tuaregs, podrán contar con su apoyo diplomático y logístico perfilando así una maniobra para una intervención encubierta.   La CEDEAO respondió positivamente declarándose dispuesta a enviar a Malí una fuerza de más de 3.000 soldados. El problema es que desde el Consejo de Seguridad de la ONU se desanimó a estos africanos a actuar sin paraguas de la ONU. Así que, siguiendo estas indicaciones, los representantes de esta organización el viernes volvieron a celebrar una reunión con el Consejo de Seguridad. No era su primer intento (con este van dos en una semana) sólo que esta vez esta organización iba con el refuerzo del aval de la Unión Africana que tiene un gran peso en Naciones Unidas. La reunión del viernes se celebró a puerta cerrada pero se ha sabido que los esfuerzos de la CEDEAO (cuyos portavoces hicieron aparición ante la prensa) para transmitir a la instancia onusiana la urgencia de una acción contra lo que consideran un movimiento terrorista han vuelto a fracasar.  La comunidad internacional por ahora parece estar más en sintonía con la tesis propugnada por Argelia, vecina del conflicto, que se ha mostrado inequívocamente partidaria de que Malí no se parta en dos siguiendo el ejemplo de Sudán pero, también, contraria a una intervención militar como la que hubo en Libia, con el destacado apoyo francés, y que acabó derrocando a Gaddafi. El Gobierno argelino sostiene, como lo hizo en el caso de Libia, que lo que hay que buscar en Malí en una solución política y negociada entre los tuaregs y el Gobierno de Bamako. Los argelinos también se han mostrado temerosos de  que Al Qaeda prospere en ese batiburrillo y nadie mejor que ellos tienen razones para luchar contra la amenaza terrorista: en la guerra civil de Malí el movimiento yihadista del Mujao (el mismo que tiene bajo su poder a los tres cooperantes secuestrados en los campamentos del POLISARIO de Tinduf) se llevó secuestrados a siete de sus diplomáticos del consulado que tienen en la ciudad de Gao. Pero en Argel consideran que una intervención armada no resolverá el problema de Malí, como no lo ha resuelto en Libia de donde siguen llegando a Argelia huidos de nuevas batallas de las que ya no habla la prensa.

NUEVA CORNADA DE MARRUECOS A LA ONU. PERO NADIE DICE NADA

Manifestación hispano-saharaui en Madrid con motivo de uno de los aniversarios de la vergonzosa  entrega del Sáhara a Marruecos.  Abajo, reciente manifestación de mujeres contra la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

Si en lugar de Marruecos hubiese sido el Frente POLISARIO el que le pone la proa al enviado especial de la ONU, el embajador de EEUU, Christopher Ross, la que se hubiese armao. La diplomacia del sultán Mohamed VI, con el apoyo de Francia, seguro que ya estaría bien movilizada para que la comunidad internacional crucificase al movimiento de liberación saharaui incluyéndolo en la lista de desobedientes y susceptibles de intervención internacional,  junto al sirio Bachar el Asad.

En cambio, por ahora, ni en Naciones Unidas ni en Washington nadie ha reaccionado a una salida de pata de banco injustificable ya que la labor pacificadora de Christopher Ross en la antigua provincia española acababa de recibir el “enérgico apoyo” del Consejo de Seguridad de la ONU  en el texto de la resolución 2044 (2012) que el pasado 24 de abril zanjó la prórroga de la Misión de Naciones Unidas del Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Como mucho, ha habido algún comunicado de apoyo al embajador Ross, pero nada que ver con esas apasionadas y contundentes advertencias con las que se recuerda a la comunidad internacional que no se debe tolerar que en Siria se salten a la torera el plan de paz de Naciones Unidas.

Es verdad que en el Sáhara Occidental no hay bombardeos ni reacción armada de los oprimidos. Pero, como se advirtió a los miembros del Consejo de Seguridad en una publicación del entorno onusiano, tras lo ocurrido en Malí con la revuelta en tuareg, no se debería seguir tentando la suerte a base de agotar la paciencia de los saharauis: la proliferación de armas que se ha producido en la región, como consecuencia de los cambios de regímenes en los países vecinos, especialmente en Libia, bien podría ser utilizada “para explotar el inevitable sentimiento de frustración sentido por los saharauis que vive en los campos de refugiados”.

El silencio ante el nuevo desafío marroquí a la ONU no son precisamente la medicina que precisa curar el descontento saharaui ante la pasividad con que la comunidad internacional lleva más de veinte años haciendo la vista gorda a los incumplimientos marroquíes. ¿No acababa de decir el Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental,  Sr. Hany Abdel-Aziz, que la MINURSO iba a "acelerar la aplicación de las resoluciones del Consejo que prevé la libre determinación del pueblo saharaui"?

Pues no lo parece. Por el contrario, el intento de Marruecos por eliminar de escena al embajador Christopher Ross, asesta una cornada a esa resolución 2044 recién aprobada por el Consejo de Seguridad, tan aparatosa como las que se han visto en esta feria de San Isidro. Por ejemplo, desobedece a  esos varios puntos en los que se llama a los representantes marroquíes y saharauis a la cooperación con las Naciones Unidas para acabar con el estancamiento que impide una solucón pacífica al conflicto.

Desautorizando a Ross, Marruecos también va en sentido contrario a los llamamientos con el que este texto pide a las partes el “respeto de los acuerdos tomados” hasta ahora en el marco de la mediación onusiana o les “exhorta” a que continúen las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General, "sin condiciones previas y de buena fe". Para qué hablar del ninguneo a ese otro punto que solicita a los dos bandos a alentar la "voluntad política" y trabajar  "en una atmósfera propicia para el diálogo”…

Qué oportunidad tan jugosa tendría ahora el también embajador estadounidense John Bolton de demostrar las tesis con las que tan duramente criticó el funcionamiento de la ONU y que le valieron ser denostado como un peligroso “facha” cuando el anterior presidente Bush le situó al frente de la misión norteamericana ante la ONU. Al parecer, algo tuvo que  ver en su mala opinión lo que aprendió sobre el funcionamiento onusiano en la cuestión del Sáhara Occidental. En cualquier caso, si no es una muestra de ineficacia e, incluso de corrupción (por lo menos moral), que un Estado que viola el derecho internacional pueda ocupar un asiento en la ONU en el propio Consejo de Seguridad, que venga Dios y lo vea.

ARGELIA NO ES TÚNEZ NI MARRUECOS

El presidente argelino Abdelaziz Boutefklika en París, en 2005, con Jacques Chirac, con el que las relaciones fueron especialmente tensas. Abajo el primer ministro y líder del RND, Ahmed Ouyahia.

© Ministère des Affaires étrangères. Photo F. de La Mure

El Gobierno del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika no sólo ha vuelto a ganar las elecciones, sino que lo ha hecho por goleada. Se ha demostrado así que, entre el optimismo de los islamistas moderados de la Alianza Verde (AV), la coalición que ya se veía triunfando a tope, y los que en cambio advertían que Argelia no es Túnez, (ni mucho menos Marruecos) se equivocaron quienes consideran ya como un axioma inalterable que el cambio que exigen los pueblos de los países árabes y musulmanes vaya asociado con el empuje del fundamentalismo islámico.

La victoria del FLN, en efecto, no supone un “queremos todo siga como está”,  sino simplemente un aprobado a las reformas emprendidas por el partido que gobierna el país desde la proclamación de la independencia en 1962 y que ha tenido como principal capital el legado de la lucha contra el colonialismo francés. El propio Gobierno argelino reconoce que el pueblo que ahora les ha dado el triunfo quiere más y que tendrá que seguir respondiendo adecuadamente a sus expectativas para que vuelva a repetirse el éxito en la otra prueba que tendrá que afrontar en breve con las elecciones presidenciales a las que Bouteflika no volverá a presentarse por sus problemas de salud.

De hecho, para el Gobierno argelino ha habido un dato más importante aún que haber sumado el 47,6%  de los votos y con ello, 220 escaños de los 462 en juego; más importante incluso que el haber conseguido que la alianza de los tres partidos islamistas de AV no solo no haya cumplido con las expectativas de fuerza favorita (como decían incluso en España), sino que se haya quedado en tercer lugar, por detrás de la Asamblea Nacional Democrática (RND), del primer ministro Ahmed Ouyahia, (que logró un 14,71% de la cámara con 68 legisladores: lo que realmente afianza a Bouteflika y el FNL ha sido la mejora en la tasa de participación ciudadana al lograr que votasen un 43% de los 21 millones de argelinos llamados a las urnas.

La cifra desde luego es baja y justifica el acento que la prensa española ha puesto en la “apatía” y los colegios electorales vacíos. Pero el Gobierno de Buteflika había desafiado a los críticos que amenazan con montar un primavera árabe en el país si no hay un reforma creíble, asegurando que el pueblo argelino prefiere un cambio desde dentro y no una de esas sacudidas con final incierto como ha ocurrido en Libia (donde la instabilidad no ha parado de producir nuevos huidos a Argelia). Se propuso demostrarlo apostando porque no sólo iban a ganar sino que iban a cosechar un incremento en  el número de electores respecto a 2007, cuando no lograron más que el 35% de los escaños y, lo que fue mucho peor, sólo votó (según los datos oficiales que se sospechan contaron al alza), apenas el 37% del censo.

  La participación argelina desde luego no se puede comparar con la avalancha a las urnas que se produjo en Túnez tras la primavera que acabó con la dictadura de Zine  Ben Alí y que propició el triunfo aplastante de los islamistas de En Nahda. Sin embargo, comparemos con las elecciones de Marruecos que el pasado noviembre auparon al frente del Gobierno, con una victoria abrumadora, a los islamistas moderados del Partido Justicia y Desarrollo (PJD): la tasa de participación no pasó del 25,5% de los marroquíes en edad de votar pese a los datos oficiales fueron más optimistas y señalaron el 45% de participación del censo electoral. Puede que, como aseguraron en Rabat, hubo una mejoría respecto al preocupante pasotismo registrado en las elecciones de 2007 (la tasa no pasó entonces del 37%) pero, el ministerio del Interior hizo trampa al airear ese 45% que consistió en obviar el importante detalle que en las últimas elecciones en el censo solo estaban  inscritos 13,6 millones de marroquíes, casi la mitad de los 24 millones (contando los 3 que viven en el extranjero) que constituyen la masa electoral completa.

La diferencia entre elecciones en el Magreb hay que leerla no sólo en números y porcentajes: en estas elecciones argelinas el FNL se enfrentaba a 44 nuevos partidos, incluyendo formaciones que llevaban tiempo intentando legalizarse sin lograr la autorización de las autoridades. Por primera vez, el Gobierno argelino consintió la presencia de observadores occidentales, incluyendo una misión de la Unión Europea, lo que de por sí era una apuesta arriesgada, teniendo en cuenta la poderosa influencia francesa en Bruselas que nada favorece al Gobierno del FNL, al que cualquier gobierno francés (da igual que sea de derechas o de Hollande) preferiría ver finiquitado, aunque fuese a costa de un triunfo islamista. Pero, la misión de 120 observadores europeos, por cierto dirigida por un español (el eurodiputado popular José Ignacio Salafranca) , si bien ha señalado algunas imperfecciones del proceso, ha emitido un dictamen inequívoco sobre la limpieza del proceso electoral.

Ya pueden los islamistas de la Alianza Verde levantar la voz como ya han hecho y denunciar a la misión de falta de objetividad o acusar al Gobierno (en el que participaron en la anterior legislatura) de haberles robado unos cien escaños: los mismos que advertían que los islamistas partían como favoritos, subrayaban que uno de los problemas del Gobierno de Buteflika para hacerles frente era precisamente que las votaciones habían sido organizados de tal manera que no había lugar para la trampa. No hay margen, por lo tanto, para que los perdedores intenten tomarse la revancha con una “primavera árabe” en las calles de Argel.

Incluso en Washington se han pronunciado a favor de los resultados oficiales alegrándose del desarrollo pacífico y modélico de las votaciones. Lo extraño hubiese sido lo contrario después de que  la ministra de Exteriores Hillary Clinton haya alabado por activa y por pasiva el avance reformista y democratizador del rey Mohamed VI en Marruecos, pese a la feroz censura de prensa que hay en Rabat, las detenciones de discrepantes, la práctica de la tortura y la patada al derecho internacional en relación al Sáhara Occidental. Que menos que considere aceptable un proceso electoral que en Argelia ha permitido con total libertad el debate político tanto en las tribunas de oradores como en la prensa y que, pese a los ataques terroristas registrados en la Cabilia con los recurrentes conatos secesionistas o las acciones de grupos yihadistas en el sur del país, no ha empañado su historial con acciones represivas dignas de la atención de Human Rights Watch.

Los "acuerdos de Madrid" y el silencio promarroquí de la ONU

Manifestación por el Sáhara en Madrid, en el aniversario de los "Acuerdos de Madrid (2008)
Foto: Ricardo Aznar.

La diplomacia del Frente Polisario considera un avance alentador que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon haya denunciado que Marruecos está socavando la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. El que Marruecos y Francia, su gran aliada, consideren “incendiaria” la actitud del secretario general, parece confirmar este optimismo. Pero ello deja a la población saharaui con una amarga conclusión: tras veinte años de esperar a que la MINURSO haga su trabajo, su único consuelo es que en la ONU parece que van a dejar de blanquear el comportamiento gamberro del Estado marroquí. Puesto que en la ONU, como dijimos, sabían quién torpedeaba el plan de paz desde 1991, ¿quién es el culpable del silencio cómplice mantenido hasta ahora a favor de Marruecos?

Hay quien señala a la incapacidad de la ONU por cumplir sus propios principios fundacionales. Hay quien culpa a la incapacidad de la diplomacia polisaria por hacer valer sus intereses. Hay sin embargo, un tercer factor, clave para que se cumplan los primeros dos supuestos: la negativa de España a cumplir con el derecho internacional que la obliga a dar voz a los saharauis en la ONU defendiendo sus intereses, haciendo lo que hizo Portugal con su colonia de Timor Este tras la invasion de Indonesia que obligó a la administración colonial a poner pies en polvorosa por las mismas fechas en que los colonizadores españoles del Sáhara Occidental salieron corriente ante la agresión anexionista marroquí de la provincia número 53.

España ya no está en el Sáhara Occidental, de acuerdo. Pero la ONU dice que sigue siendo potencia administradora del pueblo saharaui de la misma manera en que el Sáhara Occidental sigue siendo, de acuerdo a derecho, un Territorio No Autónomo pendiente de descolonizar. ¿En qué pueden consistir estas responsabilidades españolas sobre un territorio en el que España no está ni va a volver? Pues por ejemplo, hay en estas responsabilidades incumplidas un aspecto clave para el pueblo saharaui: el no poder defender por sí mismo sus intereses ante Naciones Unidas más que en los pasillos de la organización o a través de Estados miembros “amigos” (pero que tienen sus propios intereses) porque el Sáhara Occidental no podrá tener un asiento propio entra la comunidad de Estados hasta que no se celebre el referéndum de autodeterminación con el que el derecho internacional establece debe culminar su descolonización. Hasta entonces, el Sáhara seguirá siendo un Territorio No Autónomo y, para casos como el suyo, son las potencias administradoras las que tienen la representación de los pueblos que tutelan.

De arreglo a derecho, es España quien debería, siguiendo el ejemplo de Portugal con Timor Este, alzar su voz contra la operación de blanqueo en Naciones Unidas del matonismo (como dice el embajador Fran Ruddy) de los invasores marroquíes con saharauis y cascos azules. Es España la voz que debería estar denunciando, haciéndose portavoz del pueblo saharaui, las violaciones de los derechos humanos cometidas contra sus tutelados. Debería ser España la potencia que en la ONU recordase que Marruecos es un okupa en un territorio que nunca fue suyo y denunciar la explotación ilegal de los recursos naturales y riquezas mineras del pueblo saharaui. España es el Gobierno a quien corresponde recordar en la ONU que el pueblo saharaui tiene derecho a elegir libremente su futuro y exigir seriedad a la misión de Naciones Unidas que se comprometió a organizar un referéndum libre y transparente hace ya más de veinte años.

Claro que, mientras en España el último gobierno de Franco simuló haber transferido la administración del Sáhara Occidental, en Portugal se tomaron medidas para que los siguientes gobiernos no tuviesen con el paso del tiempo la tentación de tergiversar los hechos y hacer la recomposición con la que los Gobiernos de derechas e izquierda en España justifican su dejación de responsabilidades legales con una supuesta neutralidad y equidistancia entre agresor y agredido. La principal, como subaraya Jaume Ferrer Lloret en su espléndido estudio (La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos: Sáhara Occidental y Timor Oriental) es que los padres de la Constitución portuguesa de 1989 incluyeron un recordatorio de los deberes que la ONU establece para las potencias administradoras (no importa que no sigan en el territorio), en el art. 293 párrafo 1º de la misma. Ahí se dice que: “Portugal continúa estando obligado por las responsabilidades que le incumben, de conformidad con el derecho internacional, a promover y garantizar el derecho del pueblo de Timor a la autodeterminación y a la independencia”, en clara referencia al art. 73 de la Carta de la ONU que define los deberes de las potencias administradoras.

El resultado del mantenimiento en España de la gran mentira de los mal llamados Acuerdos de Madrid es que mientras Marruecos no solo tiene voz y voto en Naciones Unidas como Estado miembro e, incluso, como ocurre ahora, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, la voz que la comunidad internacional reconocería como interlocutor autorizado del pueblo saharaui, se inhibe aferrándose a la existencia de un tratado internacional que no existe en términos legales. La prueba es que, desde hace un año, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha estado pidiendo al Gobierno español que demuestre la legalidad de los Acuerdos de Madrid y no ha recibido ninguna respuesta ni del Gobierno de Zapatero ni del de Mariano Rajoy.

Mañana, la APDHE vuelve a la carga pidiendo a las fuerzas políticas de esta nueva etapa legislativa apoyo para que España deje de incumplir el derecho internacional con un pueblo al que por su vecindad y lazos históricos debería mimar con especial esmero. Si Rajoy tomase este camino, la diplomacia saharaui lo tendría más fácil para contrarrestar la ofensiva con que Marruecos y Francia intentan estos días con una actividad diplomática febril, neutralizar el informe de Ban Ki-moon e impedir el cambio que el secretario general recomendó a los miembros del Consejo de Seguridad para que la MINURSO haga lo que hacen los cascos azules en cualquier misión de paz: informar (como mínimo) sobre la situación de los derechos humanos.

Por eso la APDH convoca un acto en la plaza de Neptuno en Madrid mañana a las 12.00. Para quien quiera saber más, pinchando aquí está su campaña y, pinchando aquí, la convocatoria para la iniciativa de mañana. Allí nos vemos, los que os apuntéis.