Una mirada a África como tablero de la geopolítica internacional
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domingo, 16 de febrero de 2014

El Gobierno del PP no le da visados de entrada a los testigos saharauis citados por la Audiencia Nacional. ¿Es que cree que son extranjeros?

Francisco Etxeberria (a la derecha) junto a  Mahmud Selma Daf, responde a la prensa tras declarar en la Audiencia Nacional el miércoles.



No es de extrañar que el presidente Rajoy en su viaje a Turquía acabase  en un mitin electoral islamista sin darse cuenta de adónde se había metido. En un tema mucho más cercano para nuestra diplomacia como es el del Sáhara Occidental tampoco parece enterarse. De lo contrario, no se explica que consienta a su ministerio de Exteriores negar el visado a saharauis del Sáhara Español para acudir a la Audiencia Nacional a prestar declaración respondiendo a la citación del juez Ruz en relación a la querella por el genocidio saharaui. Debido a ello, el pasado miércoles 12 de febrero, de los testigos saharauis citados a declarar junto a los peritos forenses Carlos Martín Beristaín y Francisco Etxeberria (responsables del hallazgo de las fosas comunes de este verano), sólo pudo estar Mahmud Selma Daf, hijo y hermano de dos de las víctimas de esta atrocidad, por residir en España.

Hay quien ha puesto el grito en el cielo por lo que es una clara obstrucción al ejercicio del principio de justicia universal que el PP quiere aniquilar rematando lo poco que quedó de esta arma contra la impunidad tras una criticada reforma de  Zapatero. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), cuyos abogados han contribuido a la querella por genocidio y desde donde, hasta el último momento, se intentó hacer posible el viaje de los testigos, han explicado que en el consulado de Argel han puesto como excusa que esta es una mala temporada en la que no dan abasto con las peticiones de visados de ciudadanos argelinos. Pero no nos dejemos enredar dando por hecho que los saharauis necesitan un visado. La cuestión, como ocurrió con Aminetu Haidar y su fallida expulsión, es que los saharauis no son extranjeros extracomunitarios, sino ciudadanos originarios de un Territorio No Autónomo, es decir, pendiente de descolonizar, que la ONU dice sigue teniendo España como potencia administradora. Es decir, que no necesitan visado y si España les pone impedimentos es porque les está usurpando una nacionalidad a la que los saharauis tienen derecho mientras no se resuelva su problema y se lleve a término su autodeterminación.

Los Gobiernos españoles padecen una vergonzosa tendencia a incurrir en esta fea situación para el prestigio internacional español. Trinidad Jiménez, como ya contamos, en los tiempos de Zapatero mintió descaradamente asegurando que España ya no tiene responsabilidades con el Sáhara con tal de no pedir a Marruecos explicaciones sobre la tragedia de Gdeim Izik, como es obligación de España, de acuerdo con lo fijado en el art. 73 cap.XI de la Carta de la ONU referente a pueblos que deben acabar su proceso de descolonización y el papel de las potencias administradoras.



El abogado Manuel Ollé (APDHE) u Mahmud Selma Daf, el miércoles.
Rajoy, nada más llegar al poder, contestó saliéndose por una deplorable tangente, a una carta de la APDHE, que le pedía acabase con la ilegal dejación de responsabilidades de España con el pueblo saharaui y deje de privarles indebidamente de una documentación a la que tienen derecho. Sin embargo, el firmante de la carta de respuesta, Jorge Moragas, brazo derecho de Rajoy en política exterior, demostró (cuando el PP estaba en la oposición) tener un buen conocimiento de que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental y de que no cumplir con el art.73 de la Carta de Naciones Unidas supone una patada española a la legalidad internacional. Pero, por lo visto, Rajoy ha optado por continuar la política de Trinidad Jiménez como si fuese suya. De hecho, no sólo ha culminado la estrategia de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos iniciada por el anterior Gobierno socialista para reconocer implícitamente un supuesto papel marroquí a la administración de las aguas saharauis. Además,  lleva casi dos años dificultando la concesión de visados a saharauis que, por residir en los territorios ocupados ilegalmente por las tropas de Mohamed VI o por estar residiendo en los campamentos de refugiados situados en Argelia, se van obligados a utilizar una documentación que no corresponde a su situación legal.

José Taboada, presidente de CEAS Sáhara que el miércoles estaba ante la Audiencia Nacional apoyando la declaración de los testigos del genocidio, me confirmó que lo del negar el visado a saharauis es ya una práctica tan sistemática con el actual Gobierno que está teniendo consecuencias especialmente graves con los saharauis necesitados de ayuda médica, incluyendo a familiares de saharauis que tuvieron carnét de identidad español hasta que se lo usurparon en 1975 y que llegaron a formar parte del ejército español. El problema se ha vuelto tan desesperante que Izquierda Unida está preparando una pregunta parlamentaria sobre la cuestión. 

EL SÁHARA OCCIDENTAL SIGUE SIENDO SÁHARA ESPAÑOL



Teresa Smith de Cherif durante una de sus misiones médicas en Tinduf.
Lo ideal para reforzar esta iniciativa de IU es que los españoles se echasen a la calle para pedir el respeto a la legalidad internacional con el pueblo saharaui con la pasión que lo hicieron con las manifestaciones contra la intervención en Irak. Pero puede haber otras fórmulas para que el resto de nuestros políticos tengan claro que, aunque ellos digan lo contrario, la opinión pública sabe que España sí tiene responsabilidades jurídicas, además de históricas, con el pueblo saharaui. Una ya lo hemos comentado, es firmando la campaña de la APDHE para que España vuelva a ejercer sus responsabilidades. Otra es la que estas Navidades, tras la aciaga ratificación de los acuerdos de pesca por parte del Parlamento Europeo, propuso la veterana analista en asuntos africanos y doctora estadounidense Teresa Smith de Cherif para que tendamos a decir Sáhara Español en lugar de Sáhara Occidental.

Que nadie se confunda: decir Sáhara Español no es para reivindicar una situación colonial que es impensable revivir sino para recordar que, de cara a la legalidad internacional, el territorio saharaui sigue sin estar descolonizado y que es a España a quien corresponde, como potencia administradora, la responsabilidad de impulsar este proceso hacia el final.  Seguro que al lobby promarroquí no les hace ninguna gracia; ellos prefieren que se hable de Sáhara Occidental porque a la opinión pública española que no está metida en el tema les suena a algo ajeno y lejano. A ellos les viene mucho mejor que los españoles crean que los saharauis son habitantes de un estado tan soberano como quedó Guinea Ecuatorial tras el fin de su descolonización, un estado con posibilidades de sacar sus propias castañas del fuego y con el que España ya no tiene ninguna obligación más que las que dicta un generoso  sentimiento de solidaridad.

sábado, 11 de enero de 2014

El misterio del cable de Wikileaks sobre las conversaciones de EEUU y Argelia en 1975 a propósito del Sáhara Español

Abdelaziz Buteflika y Henry  Kissinger.



En la web Wikileaks ha desaparecido el original de un interesante documento desclasificado que plantea jugosos interrogantes sobre el papel desempeñado por la administración de los Estados Unidos en los turbios tejemanejes que desembocaron en la invasión marroquí del Sáhara Español, en octubre de 1975. El insigne profesor Luis Portillo Pascual del Riquelme, autor de una traducción del texto que llevaba años plácidamente expuesto así al acceso del público,  ha llamado la atención sobre este hecho alertando sobre un posible caso de censura.  Cabe preguntarse a quién molestaba el texto tanto como para tomarse la engorrosa molestia de lograr su retirada de la web más desafiante con los poderes oscurantistas del planeta. A falta de explicaciones por parte de Wikileaks, la pista principal es el texto en cuestión.

El documento, un producto de los archivos diplomáticos de Estados Unidos, se refiere al encuentro que el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger celebró en París el 17 de diciembre de 1975 con el actual presidente argelino Mohamed Buteflika cuando este era el responsable de la política exterior de su país. En España ya reinaba el rey Juan Carlos y el Gobierno de esta primera monarquía posfranquista estaba dando los últimos remates a la farsa con la que se había optado por salir del Sáhara todavía oficialmente español, haciendo lo posible para que la comunidad internacional consintiese la ocupación ilegal marroquí del territorio. 

Lo primero que llama la atención al repasar el contenido de este texto es el tono cordial y distendido que preside el diálogo entre Buteflika y Kissinger, muy distante de las tensiones que hubiese cabido esperar del relato que solemos tener sobre las supuestas malas relaciones que en la época mantenían Estados Unidos y Argelia por encontrarse en bandos contrarios en el contexto de la guerra fría. La transcripción de esta conversación secreta tampoco cuadra con la visión que le echa la culpa del desaguisado español a las enormes presiones con las que el avieso imperialismo americano obligó a la España del franquismo agonizante a que entregase la provincia número 53 a Marruecos.  También aquí se supone que el objetivo era el de impedir el nacimiento de un Estado saharaui susceptible de caer en la órbita de Argelia y convertirse así, de acuerdo con esta lógica, en otro peón del eje soviético.
Sin embargo, desde el comienzo del encuentro, no hay nada que sugiera que la Argelia progresista y revolucionaria del FLN fuese, como suelen sugerir las versiones de la época, el enemigo número uno de Estados Unidos en el norte de África. Ambos políticos parecen competir entre sí en una amabilidad que busca evitar el mínimo malentendido. Tienen un evidente interés en atraer al contrario a su propio campo pero sin que ello pueda empañar una relación de la que ninguno tiene quejas, sino todo lo contrario.
 

El propio Kissinger subraya que Argelia es un país en el que Estados Unidos tiene muchos intereses y reconoce que ambos gobiernos mantienen una relación "muy positiva". De hecho, le agradece a Buteflika la cooperación argelina en el terreno político en relación con Oriente Próximo. Por su parte, el entonces ministro argelino le da la razón y suma a estos elementos la “formidable cooperación” que al parecer también existía ya en el campo económico. Si nos fiamos de este texto Argelia y Estados Unidos no estaban tan distanciados aunque, eso sí, ninguno de los dos tenía interés en que se notase demasiado.

 La obsesión por la guerra fría que con razón se suele atribuir a Kissinger por la guerra fría asoma en el intercambio de opiniones que ambos tuvieron en relación al conflicto en Angola. Ni rastro, en cambio, al hablar de la cuestión sahariana, segundo tema tratado el encuentro. Lo primero que hizo Kissinger al abordar este asunto fue adelantarse a Buteflika para asegurarle que, desde Washington, no se había hecho presión alguna sobre España y que, incluso, se había intentado disuadir al rey Hassán de Marruecos para que la Marcha Verde del 6 de noviembre no entrase en el Sáhara Español.

A la hora de explicar las razones de la no oposición estadounidense a la invasión, Kissinger pone mucho énfasis en que su postura no sea interpretada como un apoyo a Marruecos sino en clave de actitud neutral. Pero sobre todo, se desvive para que la actitud "neutral" de su Gobierno no sea interpretada como un gesto antiargelino. Intenta también justificarse con la supuesta ambigüedad del dictamen del Tribunal de la Haya, el escaso interés de Estados Unidos por el Sáhara o las dudas que le impiden ver que el caso tenga que ver con una “cuestión de principios”, como alega Buteflika, al compararlo con la cuestión palestina.

Por su parte, con mucha amabilidad, Buteflika va desmontando estos argumentos y le propone defender una solución que pase por la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que los saharauis pudiesen decidir libremente su futuro. Este pasaje explica que cuando la organización de Assange colgó este cable en su sitio, algunos analistas proanexionistas se pusiesen rabiosos con la supuesta deslealtad (para los intereses alauitas) de Buteflika a la hora de abordar el conflicto saharaui. Aunque, probablemente, lo que mas les dolió al leer esta parte del resumen diplomático es que Kissinger, en principio, no se opusiese a la propuesta de Buteflika y le prometiese pensar en la solución del referéndum.

¿Hasta dónde llegó la sinceridad de Kissinger? No hay que perder de vista que, cuando se trata de investigación histórica, al igual que en periodismo, un documento no basta para esclarecer la verdad. Pero, desde luego, el principal beneficiario de la desaparición de este cable es la unanimidad con la que analistas de derechas e izquierdas atribuyeron a la hostilidad entre Estados Unidos y Argelia la gran baza con la que Marruecos, hace 38 años, se alzó con su primer triunfo en el Sáhara Español.

lunes, 30 de septiembre de 2013

La versión saharaui sobre la invasión marroquí en 1975 y la colaboración española



El desenterramiento de las víctimas de la represión marroquí que se desató antes de que España saliese del territorio saharaui, está removiendo el pasado. Al fin y al cabo que el desierto está lleno de fosas comunes, no es una novedad en El Aaiún, donde hay barrios enteros generados por el chabolismo de los beduinos que se vieron obligados a fijar su residencia en la ciudad ante la política de tierra quemada practicada durante años por los invasores: se trataba de que en el interior del desierto, hostil y desconocido para las tropas marroquíes, no quedasen nómadas que sí dominaban el terreno y podían servir de apoyo a la guerrilla del Frente Polisario.

 Lo que sí es nuevo es que ahora asoma la otra versión de la invasión, la de los saharauis, que nada tiene que ver con esa versión oficial que, entre otras milongas (como la de la falsa legalidad de los acuerdos de Madrid),  aseguró a los españoles que el Gobierno había mantenido una actitud de firmeza ante las presiones marroquíes para apoderarse por la fuerza de la provincia española número 53. Esta, por ejemplo, es la narración de un activista de los derechos humanos que reside en El Aaiún, cuya identidad, por ahora, me pide no haga pública por motivos de seguridad:

 “Durante la invasión marroquí del Sáhara Occidental se cometieron muchísimas masacres. Se buscaba el exterminio del pueblo saharaui y esta operación tuvo el apoyo del Ejército español desde octubre de 1975 hasta finales de febrero 76. El apoyo español consistió en facilitar al invasor marroquí los mapas con indicaciones de las áreas donde tradicionalmente acampaban los saharauis, y de los puntos donde circulaban las guerillas del Frente Polisario. 

En esos mapas estaban también señalados los puntos donde hay pozos de agua. Además de esta ayuda, los helicópteros españoles sobrevolaron sobre las tropasmarroquíes para guiarlas cuando comenzaron a entrar en el Sáhara por la parte noreste, mucho antes de los acuerdos tripartitos y la Marcha Verde, hacia las zonas más seguras. En un diámetro de alrededor de 50 kilómetros de las principales poblaciones de Haussa, Smara, Amgala, Hagunía, Guelta, Um Draiga, Bir Anzarán…vivían muchos pastores saharauis. Lo mismo ocurría en los alrededores de El Aaiún, Cabo Bojador Y Bu Craa. 

En esas zonas, las tropas de ocupación mataron a miles de beduinos que nomadeaban con su ganado. Al mismo tiempo, envenenaron los pozos de agua o los cerraron introduciendo en ellos cemento. Los animales cabríos y camellares tampoco se libraron de esta matanza con el fin de impedir al Polisario benificiarse de ellos. 

Los pocos campesinos que se libraron de las masacres huyeron o fueron trasladados a la fuerza en camiones militares a Smara y, sobre todo, a El Aaiún. Este proceso siguió por parte del invasor hasta mediados de 1978. En estas operaciones no se supo el numero exacto de saharauis desaparecidos debido a que las familias que estaban bajo dominio del ocupante creyeron que sus hijos habían ido al Polisario, y los Polisarios creyeron que los desaparecidos se habían quedado en las zonas ocupadas. Como es normal, nada se supo de los desaparecidos debido a la inexistencia de los medios de comunicación. Además, nadie podía preguntar a otro sin temor a ser apresado y torturado por el ocupante marroquí." 

 Por ahora, este es el fin de su relato. Se aceptan otras testimonios que puedan completarlo.

domingo, 22 de septiembre de 2013

El descubrimiento de las fosas comunes en el Sáhara y la normalización de la historia de un conflicto

Refugiados saharauis huidos de la invasión marroquí y mauritana en 1976.  
UN Photo/Hubert



El hallazgo de las fosas comunes con los restos de pastores nómadas (dos de ellos menores) con sus carnés de identidad españoles, da para varias reflexiones. En primer lugar, las víctimas fueron ejecutadas el 12 de febrero de 1976, es decir, cuando España todavía estaba en el territorio compartiendo con Marruecos y Mauritania esa administración tripartita generada por la farsa de los llamados acuerdos de Madrid. 

No fue hasta el 26 de febrero de 1976 que el embajador español ante la ONU transmitió al secretario general de la organización aquella carta en la que su Gobierno (el primero de la monarquía) anunció la salida de la ex provincia 53 y la renuncia de España a las responsabilidades internacionales de potencia administradora del pueblo saharaui. Así que que no hay excusa que justifique que España no se enterase de las atrocidades marroquíes y las denunciase ante la comunidad internacional.

En los relatos de la historia sobre el comienzo de la invasión sigue habiendo varios agujeros negros. Uno de ellos es el que ocultó cómo vivió el pueblo saharaui la toma de control por parte de las fuerzas invasoras. Según el relato oficial que trascendió en Madrid en 1975, el ejército y las fuerzas de seguridad marroquíes no pusieron pie en el territorio hasta el 11 de diciembre, mucho después de la Marcha Verde que, contaron entonces, había vuelto a sus bases de partida gracias a la diplomacia bilateral. Se supone que llegaron a El Aaiún de paseo en calesa como consecuencia del cumplimiento de los Acuerdos de Madrid. Sí, en calesa y tocando el banjo, porque, según esta versión, parecía como que los invasores habían sido unos caballeros mientras España había seguido en el territorio.

De los responsables de la administración colonial, sólo el coronel Luis Rodríguez de Viguri denunció que había comprobado las brutales torturas a las que los recién llegados habían sometido de inmediato a los saharauis sospechosos de no aceptar su dominación. Lo contó para transmitir la tremenda vergüenza que para él había supuesto tener que cumplir órdenes que le obligaban a mirar hacia otro lado, en lugar de atender a las peticiones de ayuda de los que hasta hacía poco habían sido subordinados suyos que habían servido lealmente a España.

Establece el art. 73 de la Carta de la ONU que las potencias administradoras tienen el deber de velar por el bienestar de sus tutelados. En cambio, el Gobierno español optó por hacer como que no veía ni oía, en un flagrante incumplimiento moral y legal. La inacción española fue así doblemente beneficiosa para la estrategia criminal de los invasores marroquíes. Quedaron con las manos libres para poner en marcha un genocidio y sin preocuparse porque les llamasen genocidas. También lograron que la historia de su agresión no fuese una invasión sino, algo muy distinto, una Marcha Verde pacífica.


Casi 38 años después de que arrancase la historia de este crimen, ya estábamos asimilando que los acuerdos de Madrid fueron nulos; que debido a ello la “carta” que daba por acabada las responsabilidades de España fue papel mojado; que los marroquíes no iniciaron la ocupación del territorio con una marcha ecologista sino con una invasión militar que inició antes que la Marcha Verde  y que, estando España todavía ahí hubo bombardeos de napalm contra la población civil saharaui que intentaba ponerse a salvo huyendo hacia Argelia. Ahora, con la identificación de los restos de las fosas, también sabemos que hubo limpieza étnica de los beduinos para que el desierto quedase libre de posibles colaboradores del Frente Polisario. 

Los políticos españoles, sin embargo, siguen haciendo como que no se han enterado. Ellos siguen apostando por una historia que arranca con la Marcha Verde y que consumó un traspaso de administración limpio, inodoro y sin daños colaterales. Si el Frente Polisario decía que había fosas comunes de beduinos ejecutados, se descalificaba la versión por ser de parte “interesada”. 

No puedo evitar recordar a la ministra de Exteriores Trinidad Jiménez diciendo en el Senado que,  “desde el punto de vista estrictamente jurídico, no se puede calificar a Marruecos como potencia ocupante”. La razón,  dijo ella, es que su presencia en el territorio “no es producto de un conflicto bélico ni de un elemento de fuerza, es fruto de un acuerdo (los mal llamados acuerdos de Madrid)”. Fue cuando dijo también aquella mentira descomunal que ya comenté de que España sí tiene responsabilidades históricas con el pueblo saharaui pero dejó de tener responsabilidades jurídicas el 26 de febrero.

Suponemos que ahora que el hallazgo de estas fosas tiene el respaldo científico de un equipo antropológico-forense de la Sociedad Aranzadi encabezado por el forense Francisco Etxebarría, sí podremos hablar de ocupación sin temor a ser acusados de mal uso del lenguaje. 

Volviendo a la cuestión de que España era oficialmente potencia administradora el 12 de febrero de 1976, me pregunto si esos restos no permiten  exigir responsabilidades a  los Gobiernos de España por su alevosa complicidad con un espeluznante crimen humanitario.  Al de 1975 y a los que siguieron y siguen sin hacer justicia a la verdad para que el pueblo saharaui deje de sufrir una ocupación ilegal.

jueves, 25 de abril de 2013

El Gobierno de Rajoy otorga una “enorme importancia” a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. ¿Lo sabe García-Margallo?

                                   Comienzo de la campaña de la APDHE por la nulidad de los llamados
                                       acuerdos de Madrid, el 15 de abril de 2011. Foto: Ricardo Aznar

“El Gobierno otorga a la protección de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y, en particular, en el ámbito del Sáhara Occidental, una enorme importancia”. Eso es lo que asegura el director del Gabinete de la presidencia de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, en una carta dirigida a José Antonio Gimbernat, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). La misiva de Moragas, tiene fecha del 10 de abril, y  responde a otra carta que le había dirigido Gimbernat al presidente Rajoy protestando por la indiferencia de su Gobierno ante las recientes condenas dictadas por un tribunal militar en Rabat contra 24 presos políticos saharauis detenidos en 2010 durante el brutal desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik, en las proximidades de El Aaiún.

La carta de Moragas (aquí la tenéis) fue escrita cuatro días antes de que la Fundación Robert F. Kennedy que preside Kerry Kennedy, hiciese público que Estados Unidos había propuesto un borrador de resolución para que el Consejo de Seguridad de la ONU que está debatiendo sobre el Sáhara Occidental diese algún tipo de competencia a los cascos azules de la MINURSO sobre las violaciones de derechos humanos en la antigua provincia española. 

El ministro García-Margallo descalificó seguidamente esta iniciativa estadounidense diciendo que es “inviable” y la opinión del jefe de la diplomacia española ha determinado que el presidente Obama acabase retirando su propuesta y se aviniese a negociar otro texto de resolución mucho más descafeinado. La clave del peso que ha tenido España contrarrestando la iniciativa de la poderosa superpotencia es, una vez más, la autoridad que España sigue teniendo en este conflicto de cara al resto de miembros de la comunidad internacional por seguir siendo legalmente la potencia administradora del Sáhara Occidental. Es un hecho que no varía con las mentiras con las que los gobiernos españoles vienen mintiendo, desde 1975, a su opinión pública y la marroquí diciendo que España ya nada tiene que ver con el Sáhara Occidental en virtud de esos llamados acuerdos de Madrid que nadie sabe dónde están archivados.


Juan Antonio Gimbernat ante el Congreso de los Diputados. / R. Aznar
Lo más probable es que cuando Moragas escribió esta nueva respuesta a las misivas de Juan Antonio Gimbernat sobre el Sáhara Occidental, el Gobierno español estuviese ya al tanto de la iniciativa estadounidense sobre derechos humanos. Suponiendo que Moragas escribiese a Gimbernat sin tener conocimiento de cuál iba a ser la postura del ministro de Exteriores caben dos posibilidades: o el Gobierno de Rajoy ha tenido un súbito arrepentimiento y ya no quiere apoyar los derechos humanos en el Sáhara Occidental, o existe una contradicción entre lo que piensan en presidencia y la línea mantenida por García Margallo, con su apoyo al rechazo marroquí a la iniciativa de Obama. Sería conveniente que el Gobierno de Rajoy hiciese una aclaración al respecto. Si responde diciendo que en su seno no hay líneas contrapuestas, entonces Moragas debería explicar cómo piensa su Ejecutivo proteger los derechos humanos en el Sáhara Occidental poniéndose del lado de los torturadores.

Alguna pista sobre este lío quizás la encontremos en esa parte de este último texto dirigido a la APDHE en la que, junto a su enérgico pronunciamiento a favor de los derechos humanos, destaca “el permanente apoyo de España a las gestiones realizadas en el marco de las Naciones Unidas en la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable al conflicto del Sáhara Occidental”. Moragas dice que esta solución debe prever la “libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental” pero no explica cómo, a la vista de lo ocurrido con la propuesta de los derechos humanos, se pueda lograr una solución “mutuamente aceptable”, que sea del gusto de Mohamed VI. Como ya dije en Espacios Europeos, la cuestión de los derechos humanos tiene mucho menor calado de cara a una solución definitiva frente a lo que es la causa de los continuos atropellos que sufre la población saharaui por parte de Marruecos: el derecho a la autodeterminación saharaui que el reino alauita se niega a reconocer y que intenta contrarrastar con una monstruosa política genocida.

El “apoyo” a los derechos humanos del pueblo saharaui expresado por Moragas, en todo caso, un apoyo flojo y engañoso. Obvia esa cuestión que le viene planteando la APDHE a los Gobierno españoles en su campaña por la nulidad oficial de los llamados acuerdos de Madrid: que España no hace más que violar el derecho internacional con su empeño en no asumir de forma oficial e inequívoca sus obligaciones de potencia administradora y cumplir a rajatabla el art. 73 del capítulo XI de la Carta de la ONU. En este artículo relativo al grupo los Territorios No Autónomos en el que está incluido el Sáhara Occidental se dice muy claro que “los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo...”

viernes, 20 de abril de 2012

Los "acuerdos de Madrid" y el silencio promarroquí de la ONU



Manifestación por el Sáhara en Madrid, en el aniversario de los "Acuerdos de Madrid (2008)
Foto: Ricardo Aznar.


La diplomacia del Frente Polisario considera un avance alentador que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon haya denunciado que Marruecos está socavando la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. El que Marruecos y Francia, su gran aliada, consideren “incendiaria” la actitud del secretario general, parece confirmar este optimismo. Pero ello deja a la población saharaui con una amarga conclusión: tras veinte años de esperar a que la MINURSO haga su trabajo, su único consuelo es que en la ONU parece que van a dejar de blanquear el comportamiento gamberro del Estado marroquí. Puesto que en la ONU, como dijimos, sabían quién torpedeaba el plan de paz desde 1991, ¿quién es el culpable del silencio cómplice mantenido hasta ahora a favor de Marruecos?

Hay quien señala a la incapacidad de la ONU por cumplir sus propios principios fundacionales. Hay quien culpa a la incapacidad de la diplomacia polisaria por hacer valer sus intereses. Hay sin embargo, un tercer factor, clave para que se cumplan los primeros dos supuestos: la negativa de España a cumplir con el derecho internacional que la obliga a dar voz a los saharauis en la ONU defendiendo sus intereses, haciendo lo que hizo Portugal con su colonia de Timor Este tras la invasion de Indonesia que obligó a la administración colonial a poner pies en polvorosa por las mismas fechas en que los colonizadores españoles del Sáhara Occidental salieron corriente ante la agresión anexionista marroquí de la provincia número 53.

España ya no está en el Sáhara Occidental, de acuerdo. Pero la ONU dice que sigue siendo potencia administradora del pueblo saharaui de la misma manera en que el Sáhara Occidental sigue siendo, de acuerdo a derecho, un Territorio No Autónomo pendiente de descolonizar. ¿En qué pueden consistir estas responsabilidades españolas sobre un territorio en el que España no está ni va a volver? Pues por ejemplo, hay en estas responsabilidades incumplidas un aspecto clave para el pueblo saharaui: el no poder defender por sí mismo sus intereses ante Naciones Unidas más que en los pasillos de la organización o a través de Estados miembros “amigos” (pero que tienen sus propios intereses) porque el Sáhara Occidental no podrá tener un asiento propio entra la comunidad de Estados hasta que no se celebre el referéndum de autodeterminación con el que el derecho internacional establece debe culminar su descolonización. Hasta entonces, el Sáhara seguirá siendo un Territorio No Autónomo y, para casos como el suyo, son las potencias administradoras las que tienen la representación de los pueblos que tutelan.

De arreglo a derecho, es España quien debería, siguiendo el ejemplo de Portugal con Timor Este, alzar su voz contra la operación de blanqueo en Naciones Unidas del matonismo (como dice el embajador Fran Ruddy) de los invasores marroquíes con saharauis y cascos azules. Es España la voz que debería estar denunciando, haciéndose portavoz del pueblo saharaui, las violaciones de los derechos humanos cometidas contra sus tutelados. Debería ser España la potencia que en la ONU recordase que Marruecos es un okupa en un territorio que nunca fue suyo y denunciar la explotación ilegal de los recursos naturales y riquezas mineras del pueblo saharaui. España es el Gobierno a quien corresponde recordar en la ONU que el pueblo saharaui tiene derecho a elegir libremente su futuro y exigir seriedad a la misión de Naciones Unidas que se comprometió a organizar un referéndum libre y transparente hace ya más de veinte años.

Claro que, mientras en España el último gobierno de Franco simuló haber transferido la administración del Sáhara Occidental, en Portugal se tomaron medidas para que los siguientes gobiernos no tuviesen con el paso del tiempo la tentación de tergiversar los hechos y hacer la recomposición con la que los Gobiernos de derechas e izquierda en España justifican su dejación de responsabilidades legales con una supuesta neutralidad y equidistancia entre agresor y agredido. La principal, como subaraya Jaume Ferrer Lloret en su espléndido estudio (La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos: Sáhara Occidental y Timor Oriental) es que los padres de la Constitución portuguesa de 1989 incluyeron un recordatorio de los deberes que la ONU establece para las potencias administradoras (no importa que no sigan en el territorio), en el art. 293 párrafo 1º de la misma. Ahí se dice que: “Portugal continúa estando obligado por las responsabilidades que le incumben, de conformidad con el derecho internacional, a promover y garantizar el derecho del pueblo de Timor a la autodeterminación y a la independencia”, en clara referencia al art. 73 de la Carta de la ONU que define los deberes de las potencias administradoras.

El resultado del mantenimiento en España de la gran mentira de los mal llamados Acuerdos de Madrid es que mientras Marruecos no solo tiene voz y voto en Naciones Unidas como Estado miembro e, incluso, como ocurre ahora, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, la voz que la comunidad internacional reconocería como interlocutor autorizado del pueblo saharaui, se inhibe aferrándose a la existencia de un tratado internacional que no existe en términos legales. La prueba es que, desde hace un año, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha estado pidiendo al Gobierno español que demuestre la legalidad de los Acuerdos de Madrid y no ha recibido ninguna respuesta ni del Gobierno de Zapatero ni del de Mariano Rajoy.

Mañana, la APDHE vuelve a la carga pidiendo a las fuerzas políticas de esta nueva etapa legislativa apoyo para que España deje de incumplir el derecho internacional con un pueblo al que por su vecindad y lazos históricos debería mimar con especial esmero. Si Rajoy tomase este camino, la diplomacia saharaui lo tendría más fácil para contrarrestar la ofensiva con que Marruecos y Francia intentan estos días con una actividad diplomática febril, neutralizar el informe de Ban Ki-moon e impedir el cambio que el secretario general recomendó a los miembros del Consejo de Seguridad para que la MINURSO haga lo que hacen los cascos azules en cualquier misión de paz: informar (como mínimo) sobre la situación de los derechos humanos.

Por eso la APDH convoca un acto en la plaza de Neptuno en Madrid mañana a las 12.00. Para quien quiera saber más, pinchando aquí está su campaña y, pinchando aquí, la convocatoria para la iniciativa de mañana. Allí nos vemos, los que os apuntéis.

viernes, 15 de abril de 2011

¿JUSTICIA PARA EL SÁHARA? CIRCULEN POR FAVOR...


Ayer, ante el Congreso de los Diputados. / Foto: Ricardo Aznar

No fue un espejismo. José Antonio Gimbernat, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de España (APDHE) fue ayer al Congreso de los Diputados y por la vía del registro entregó a los representantes de los partidos políticos votados por el pueblo español la carta que ya había dirigido su organización al presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que España haga sus deberes con el derecho internacional y asuma sus responsabilidades con el pueblo saharaui.

La convocatoria había corrido apresuradamente en muy poco tiempo por la Red ya que la APDHE no había planeado ninguna movilización y se había limitado a convocar a los medios de comunicación por si querían comprobar y saber más, con dos días de antelación, como suele hacerse en estos casos. Así que algunos nos plantamos ante el Congreso de los Diputados a las 12.00 horas con el cuaderno de notas o la cámara de fotos en ristre a la espera de Gimbernat. Pero, ante nuestra sorpresa, frente a la acera frente al Congreso de los Diputados nos encontramos a grupos de simpatizantes, unos representando asociaciones, otros a título individual, unos conocidos y otros no. Los había españoles y saharauis, con melfas y hasta con pancartas confeccionadas a toda prisa.

La mañana era estupenda, ideal para comprobar la magia del Facebook que tanto ha hecho por el movimiento que ha puesto patas arriba el mundo árabe y dar escape a la indignación. Porque la mayoría de los que habían acudido allí por su cuenta (porque se lo pedía el cuerpo), se habían enterado por esa vía.

- ¿Es usted de la APDHE?-, le pregunté a un señor con las canas propias de la gente seria, respetable y felizmente jubilada. Le acompañaba su sonriente señora esposa, armada de una bandera de la RASD.

- ¿La qué?- Me contestó. –Mire, nosotros hemos venido aquí porque nos hemos enterado por Facebook de que en Derechos Humanos están pidiendo la nulidad de los falsos acuerdos de Madrid. Ya era hora, porque como español no se puede vivir con esa vergüenza y llevar la cabeza alta…-

La conversación fue interrumpida por un nutrido grupo de policías que comenzaron a interrogar al personal con un tono muy intimidatorio y fueron exigiendo que les enseñasen los carnés de identidad, a tomar nota de sus números y nombres y a recordar que no es legal montar performances de más de veinte personas…Cundió la tensión y el malestar.

-Esto me recuerda los viejos tiempos-, dijo una mujer.

Se refería a los tiempos oscuros que todavía siguieron a la firma de los acuerdos de Madrid en noviembre de 1975 y la muerte del general Francisco Franco, cuando España se encaminaba hacia la Transición pero todavía había fuerzas muy siniestras que soñaban con seguir prolongando la dictadura. Eran los tiempos en los que apoyar al pueblo saharaui y, sobre todo, al Frente POLISARIO que la propia ONU ha reconocido como el movimiento de liberación que lo representa, era un acto muy, pero que muy, muy subversivo. Tanto, que, a Eugenio Sánchez, muy conocido por su veteranía en la causa de los derechos humanos y la batalla por la nulidad de los acuerdos de Madrid, el que le “pillasen” con propaganda del Frente POLISARIO en 1977, le costó seis días de detención, cuatro de ellos en los calabozos de la puerta del Sol (donde entonces estaba la sede de la temida policía política) y 32 interrogatorios.



José Antonio Gimbernat y Nuria García se dirigen al registro del Congreso de los Diputados con las copias de la carta al presidente Zapatero. / Foto de Ricardo Aznar.

Acabar con el status quo en el Sáhara Occidental

Volvamos al Congreso de los Diputados. Llegaron también allí figuras muy conocidas en el entorno proreferéndum de la ONU en el Sáhara. Por supuesto, José Antonio Gimbernat acompañado por la secretaria de la APDHE, Nuria García. Gimbernat dijo: “Este que vamos a dar, es un paso necesario. Tras 35 años de conflicto, la situación del Sáhara está en un impasse. España sigue siendo –la ONU lo ha dejado muy claro­- la potencia administradora del Sáhara y tiene que ejercer como tal”.

Se sumó al grupo José Taboada, una de las almas de las asociaciones de amigos del pueblo saharaui desde la creación de esta red en tiempos difíciles, en los que los firmantes de los acuerdos de Madrid se apoyaban en los sectores involucionistas para usar el “peligro rojo” como coartada para neutralizar la solidaridad ciudadana con el pueblo saharaui. Por cierto, nos alegramos de verle con las energías propias de quien se ha recuperado de los traspies de la salud y nuevamente listo para seguir el combate en el frente saharaui. (Enhorabuena).

También acudió Bucharaya Beyun, el delegado en España del Frente POLISARIO, para todos el Embajador del pueblo saharaui en España. Sonreía mientras se situaba en cuclillas en primera fila para hacer la foto de grupo que los fotógrafos allí presentes pidieron. Tenía motivos porque venía con una feliz noticia que dio a todos los allí presentes: la liberación de los tres activistas saharauis de los derechos humanos Brahim Dahane, Alí Salem Tamek y Ahmed Naciri que
se encontraban encarcelados en la cárcel de Salé, tras haber sido detenidos por las fuerzas de ocupación marroquí hace año y medio. Justo ayer (jueves) iban a comenzar su novena huelga de hambre para exigir un juicio justo: en el país donde Zapatero y Trinidad Jiménez dicen que se está avanzando mucho en democracia (Marruecos), ellos llevaban todo ese tiempo entre rejas sin haberse producido el veredicto de un juez.

Eduardo Soto-Trillo, buen conocedor de la realidad saharaui, profesor de derecho internacional y autor del libro Viaje al abandono, dijo que la iniciativa le parecía un paso indispensable para acabar con el status quo al que están anclados demasiados intereses políticos y económicos, incluyendo los que van disfrazados de "falso humanitarismo".

Otra cara conocida que se plantó allí fue Severo Moto, el líder del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) que exige las libertades a otro (según Moratinos, Zapatero, José Bono y Trinidad Jiménez) gran democratizador, el sanguinario Teodoro Obiang, que además es gran amigo de Mohamed VI. "El pueblo saharaui y los guineanos compartimos la misma tragedia: Guinea atrapada en una descolonización absurda y el Sáhara abandonado a su suerte”, dijo Moto. En otra ocasión hablaremos de esta solidaridad entre los dos únicos pueblos hispano-hablantes de África.



Tania Fernández Goberna junto a Salambuha.
Foto: Ricardo Aznar.



También estaban Tania, la hija del desaparecido abogado Francisco Fernández-Goberna, recogiendo allí el testigo de la lucha de su padre y el coronel Javier Perote que se sublevó algo indignado a las presiones de los policías: "¡Esto es un abuso!", tronó. Por lo bajinis otra espontánea le hico el eco con cierta rabia: "Ya nos veremos a la hora de votar, sr Rubalcaba!"
Ante la insistente y hostigante actitud disuasoria era imposible que no saltase el resorte rebelde: alguien animó a los que miraban con un "¡Venga, unéte a la foto!", y los que llevábamos cuaderno y cámara y mirábamos desde una esquina, nos apuntamos y sonreímos.


P.D. Cuando esté listo os pondré el enlace un álbum que se está preparando con más fotos de Ricardo Aznar infatigable colaborador y puntal de En Arenas Movedizas, para que no creamos que lo hemos soñado.

lunes, 27 de diciembre de 2010

TRINIDAD JIMÉNEZ NO ENCUENTRA LOS ACUERDOS DE MADRID



Texto del requerimiento del abogado Francisco Fernández Goberna a la ministra Trinidad Jiménez sobre los llamados Acuerdos de Madrid que nunca existieron.
Consultar el texto completo de la solicitud pinchando aquí.



Tras superar el 25 de diciembre (fum, fum, fum) nos vamos embalando por el ultimo tramo de la cuesta abajo de 2010 sin que la ministra Trinidad Jiménez haya localizado el texto de los llamados Acuerdos de Madrid, esos que supuestamente España firmó el 14 de noviembre de 1975 con Marruecos y Mauritania, cuando les entregó a estos dos vecinos magrebíes la “provincia” número 53 del Sáhara Español.

No hay fuentes fidedignas ni oficiosas que puedan confirmarlo, pero es lo que hay que deducir del hecho de que hace ya casi una semana que venció el plazo del requerimiento con el que el abogado Francisco Fernández Goberna ha solicitado a la ministra una copia del supuesto tratado sin que, hasta el momento, haya habido algún tipo de respuesta desde el ministerio de Exteriores. El letrado ya estaba muy seguro de que no había tal tratado en los archivos pero, como la ministra actúa como si los tuviese a mano, quería estar seguro de que algún subalterno no le hubiese dado gato por liebre con otro tipo de documento como intentaron hacerle a él en cierta ocasión.

Por eso en su escrito (que podéis consultar pinchando aquí) le ha subrayado a Trinidad Jiménez que no se conforma con un texto cualquiera. Lo que pide es “una copia testimoniada del Boletín Oficial del Estado conteniendo la publicación íntegra del “tratado” en el mismo y ningún otro texto como, por ejemplo, la Ley de Descolonización del Sáhara”. Al subrayar la palabra “tratado” el abogado advierte que no es de los que está predispuesto a dejarse engañar por las malas artes del ilusionismo semántico que durante 35 años confundieron a la mayor parte de los españoles haciéndoles creer que cuando se hablaba de
Acuerdo de Madrid, o acuerdos tripartitos, el término "acuerdo" era sinónimo de tratado internacional.

Los propios redactores españoles de ese texto lo llamaron Declaración de Principios porque apenas cumplía con esa acepción con la que la Real Academia de la Lengua alude a dos o más personas que muestran e incluso concilian conformidad con un determinado tema. Pero eso no es lo mismo que elevar un acuerdo o un principio de acuerdo al rango de tratado que requiere cumplir con una serie de condiciones tanto con el derecho internacional como con el ordenamiento interno español.

De cara a la puritita ley española, por ejemplo, el punto 5 del art. 1 del Código Civil establece que: “Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado”. Además está el art. 96 de la Constitución (Capítulo III, De los tratados internacionales) que dice que “los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”.

Como la Declaración de Principios nunca fue un tratado válidamente celebrado por incumplir reiterada y gravemente con el derecho internacional, nunca fue publicado en el BOE y, por lo tanto, nunca entró a formar parte del ordenamiento interno español. Lo cual significa que, a efectos legales, el Sáhara siguió siendo lo que era antes del 14 de noviembre de 1975: un Territorio No Autónomo pendiente de ser descolonizado bajo la responsabilidad administradora de España.

Como le recuerda el abogado a la ministra en su solicitud, eso es lo que dice nada más y nada menos que la ONU entre otras cosas, porque el derecho internacional no permite a las potencias descolonizadoras desligarse unilateralmente del pueblo que administran ni tampoco transferir unilateralmente la condición de potencia administradora a terceros como no sea a la propia Naciones Unidas. El que fue el asesor jurídico de la ONU Hans Corell, lo acaba de volver a explicar en una entrevista a una radio sueca así que la ministra tiene confirmado que no ha habido ningún cambio de perspectiva respecto al dictamen que este experto emitió en enero de 2002 y que es uno de los puntos clave de la argumentación de Fernández Goberna.

Lo indignante, además de preocupante, es que los Gobiernos que siguieron tras la muerte del dictador Franco optaron por ocultar esa verdad al pueblo español simulando que la Declaración de principios había sido un tratado reconocido por la comunidad internacional. El Gobierno de Zapatero, al parecer, no tiene ninguna intención de marcar la diferencia y acabar con la mentira forjada por el último gobierno del Generalísimo, ni siquiera por su fe en la Ley de la Memoria Histórica.

Las consecuencias prácticas están a la vista: los alegatos de la ministra en varios periódicos para que la posición española en el conflicto sea la de la "neutralidad" y no la de cumplir con sus responsabilidades con el pueblo saharaui; el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido se aferren al reconocimiento de una administración que Marruecos ejerce "de facto" pero no "de iure" para eludir investigar (como pidió la Liga Española Pro Derechos Humanos) el asesinato en El Aaiún del saharaui con DNI español Baby Hamday Buyema; las oscuras maniobras y obstrucciones administrativas con las que se tiende a negar a los saharauis que desean tener pasaporte español, una documentación a la tienen tanto derecho como cualquier nacido en Valladolid. Maniobras ilegales, subraya el abogado Fernández Goberna porque, si la ONU no se ha equivocado y España sigue siendo la autoridad administradora "de iure" del Sáhara, los saharauis tampoco han dejado de ser "de iure" tan españoles como lo eran antes del 14 de noviembre de 1975 cuando todos, sin excepción, tenían DNI...

Menudo embrollo, ¿no? Pero es que para eso, para que engorde el embrollo, es precisamente para lo que sirve a nuestros políticos mantener la ficción de un tratado que nunca existió.

domingo, 5 de diciembre de 2010

ZAPATERO Y LA DOCTRINA DE LA ONU CON EL SÁHARA





Celebración de la creación de la RASD en los territorios liberados.

Foto: Ricardo Aznar



Desde presidencia de Gobierno han respondido con una larga cambiada a un escrito procedente del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui que pedía el reconocimiento de España a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que ya han reconocido más de ochenta países. Alegan en La Moncloa que no puede ser por respeto a los "principios" y "propósitos de la Carta de la ONU" ya que “España respalda plenamente la doctrina de Naciones Unidas para resolver el contencioso sobre el Sáhara Occidental”.


Por lo que se ve, han optado por esa vía de aparente estricto respeto a la legalidad internacional con la que los firmantes de los ilegales acuerdos de Madrid de 1975 justificaron no haber otorgado entonces la independencia unilateral al Sáhara español: con ello, dijeron entonces, se hubiese predeterminado implícitamente el resultado del referéndum de autodeterminación (el camino previsto por la doctrina de la ONU) que deben votar los saharauis para dar por acabado su proceso de descolonización. Así lo explicaba por ejemplo Antonio Carro que, desde su cargo de ministro de la presidencia, fue el redactor de casi la totalidad del texto de esos mal llamados acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975.


Había una segunda y poderosa razón que había impedido tomar este camino y que él mismo reconoció ante las Cortes en 1978: reconocer la independencia del Sáhara por las buenas hubiese provocado una acción bélica por parte del rey Hassan II. Lo que ni Carro ni el resto de los cómplices de ese gran timo de los acuerdos de Madrid nunca lograron justificar con argumentos legales fue por qué, ellos que tanto empeño habían puesto en no ponerse por montera a la ONU cuando con ello se favorecía al Frente POLISARIO y el pueblo saharaui, no se lo habían pensado dos veces a la hora de dar una patada en el mismo cielo del paladar de esa doctrina onusiana con unos acuerdos que incumplían, al entregar el Sáhara a Marruecos, lo decidido por Naciones Unidas y, en especial, el dictamen que el Tribunal de La Haya acababa de emitir el 16 de octubre confirmando el derecho del pueblo saharaui a elegir su destino.


La historia sigue repitiéndose: Zapatero se muestra muy respetuoso con la doctrina onusiana en la parte que favorece a Marruecos (el no reconocimiento a la RASD) pero, en cambio, considera el respeto a la Carta de la ONU y la legalidad de las resoluciones una cuestión decorativa cuando se trata de aplicarla a favor del pueblo saharaui. La buena noticia es que al invocar sus asesores la legalidad internacional en contra de la RASD, se les puede exigir ahora con un nuevo escrito o alguna protesta (por ejemplo) que sigan por ese camino que no es compatible con ninguna de esas "políticas realistas" que han estado enarbolando para que España no cumpliese con sus obligaciones internacionales de potencia administradora del TNA del Sáhara Occidental (en especial las definidas en el art. 73 de la Carta de la ONU).


Que Zapatero y la ministra Trinidad Jiménez apliquen escrupulosamente y con el mismo ardor ese legalismo que tanto miman en contra de la RASD al contestarle al abogado Francisco Fernández Goberna. Como ya conté la semana pasada, el letrado ha presentado un requerimiento con el que la ministra de Exteriores debería aclarar la situación de la vigencia de los acuerdos de Madrid con un plazo que finaliza en unos días. A ver qué dice.


El abogado Francisco Fernández Goberna en el número de Mundo Negro sobre el Acuerdo (de Madrid) que nunca existió. Se puede leer pinchando aquí.



EL ACUERDO DE MADRID ILEGAL Y NULO


Si Trinidad no se fía de Fernández Goberna, al que Frank Ruddy llama "el moderno caballero de la triste figura", que repase por ejemplo este artículo publicado en EL PAÍS y elaborado por el insigne catedrático de derecho internacional Julio González Campos. En él se explica muy claro por qué los acuerdos no fueron legales y por qué España, además de violar el derecho internacional cuando los firmó en 1975, sigue pisoteando la legalidad y la doctrina onusiana cada día que pasa sin declararlos oficialmente nulos. Él, entre otros expertos, al liderar el movimiento a favor de la anulación de lo que no fue más que una Declaración de principios, solía recordar también que, conforme al Convenio de Viena sobre derecho de tratados, “si se han ejecutado actos como consecuencia de un tratado que es nulo, hay que realizar lo que esté en lo posible para volver a la situación anterior”. Ello, añadía, incluye que las partes en el acuerdo, empezando por España, “tienen que ajustar su conducta en todo momento a la norma que ha sido violada”.



Como la historia no deja de repetirse desde 1975, lo mismo nos salen desde La Moncloa con lo de que si hacen lo que deben, corremos el riesgo de que Mojamé nos monte un pollo en Ceuta, Melilla y Perejil. Como si perseverando en el crimen contra el pueblo saharaui nos fuésemos a librar de la prueba del nueve ahora que el sátrapa marroquí está fuera de control y decidido a ir a por todas... Lo de hacerles el favor de no reconocer a la RASD, ya lo han comprobado, sólo les ha servido para una breve y simbólica tregua...


En cualquier caso, la rabieta del déspota sería desde luego un problema gordo si en presidencia siguiesen convencidos de que la respuesta que dio Aznar en Perejil no es su modelo a seguir. Eso pensaba Bernardino León, el asesor de Zapatero en La Moncloa, la pasada semana pero, seguramente, lo que le dijo a un periodista antes de la huelga de controladores, ha quedado superado por los eventos del estado de alarma del fin de semana. Que Mohamed VI tome nota porque si Zapatero ha sacado al ejército de los cuarteles para tomar las torres de control de los aeropuertos de España y poner en vereda a simples trabajadores (sí, trabajadores, aunque con sueldo alto), qué menos que exhiba la misma determinación y firmeza contra una eventual agresión a las fronteras nacionales, aunque venga del "hermano" marroquí.

martes, 22 de diciembre de 2009

LOS ACUERDOS DE MADRID CABALGAN DE NUEVO


Manifestación por el Sáhara y Aminetu en Madrid, el pasado sábado.

Cada vez que se intenta hacer un ejercicio de memoria histórica sobre el gran escándalo que se fraguó el 14 de noviembre de 1975 (la entrega ilegal que España hizo del Sáhara a Marruecos), siempre hay una voz optimista que jura y perjura que semejante burrada no se hubiese producido en una España democrática como la que ahora disfrutamos. Los hechos, sin embargo, han vuelto a demostrar la gran verdad de aquello que dijo en pleno siglo XVII el gran pensador napolitano Giambattista Vico, lo de las vueltas y revueltas de la historia repitiéndose, con sus errores más burdos a rastras.

Si Marruecos nos impuso su voluntad es porque nos pilló en un momento crítico del comienzo de la Transición... El profesor Calduch lo volvió a señalar, más o menos con estas palabras, en ese debate al que Libertad Digital Televisión tuvo el detalle de invitarme junto a otros ilustres rebeldes con el osado propósito de intentar desempolvar un trozo de la historia que, desgraciadamente, los políticos hacen grandes esfuerzos para que olvidemos. (Digo detalle porque dicen que este medio es muy de derechas y ya vemos la batalla que muchos medios afines al PP han desencadenado para apuntalar la entusiasta entrega promarroquí de Rajoy en relación al Haidargate. Pero en ese programa, unos cuantos dijimos lo que creíamos debíamos decir con el único obstáculo que impone nuestra timidez y falta de práctica.)

Como decía el profesor Calduch, el papá de Mohamed VI, el temible y maquiavélico Hassán II, aprovechó el mejor momento, ese que se produjo con el vacío de poder como dicen algunos, cuando Franco ya no mandaba porque llevaba un tiempo más vivo que muerto y los españoles pendientes de la inminente certificación de su fallecimiento. Un momento delicado, sin duda, mientras el príncipe Juan Carlos tomaba las riendas de verdad tanto de cara al interior como el exterior. No nos olvidemos que la transición española fue examinada por las potencias democráticas, especialmente las de Europa, con una lupa tan exigente casi como la que pone continuos peros a la entrada en la Unión Europea a los turcos a los que ni siquiera se da un estatuto avanzado como en cambio ha recibido el muy demócrata Mohamed VI. Nada que ver con las facilidades que se han dado a muchos recién llegados a la UE de la Europa oriental y balcánica.

Noviembre de 1975 fue el momento ideal para dar el zarpazo a una España débil y entredicho ante la comunidad internacional, no hay quien lo discuta. No pondría en cambio la mano en el fuego para la segunda parte del razonamiento, la que concluye en la feliz hipótesis de que si esa crisis se produjese ahora, no habría acuerdos ilegales con Marruecos. De hecho, menos de una semana después del programa, Moratinos y Zapatero, de la mano de Sarkozy, han vuelto a repetir la jugada de 1975, como una mala copia del original.

La misma estrategia de confusión, la misma batalla semántica para despistar a la opinión pública sobre la cuestión de fondo. De nuevo unos acuerdos de Madrid ilegales que no existen más que para la propaganda marroquí. Ahora, por ejemplo, parece que la clave del entuerto es, como en 1975, si España (potencia administradora del Sáhara según la ONU) ha reconocido la administración marroquí e, incluso, la soberanía de Marruecos (potencia ilegal, según la ONU).

Marruecos y Francia aseguran que en Madrid y París se ha reconocido, a cambio de salvar a Aminetu del suicidio, la administración marroquí sobre el Sáhara. Zapatero y Moratinos dicen que no es verdad, que no es cierto, ni lo de la soberanía, ni lo de la administración.
Sería el colmo que Zapatero, el líder planetario de la legalidad internacional, el que declaró la guerra a Bush al grito de “ante todo, cumplamos con la ONU”, reconociese la soberanía marroquí sin que se apliquen las resoluciones de la ONU para el Sáhara y sin que se celebre el referéndum de autodeterminación que Marruecos impide se lleve a cabo. Ni siquiera los franquistas se atrevieron a ello.

Antonio Carro, ministro de Franco y cerebro de la redacción de los mal llamados e inexistentes acuerdos de Madrid, así de tajante lo dijo al referirse a las negociaciones que condujeron al despropósito que la transición no ha logrado remendar:“España no transmitió la soberanía, sino sólo la administración del territorio, como se ha dicho una y mil veces”, dijo el malísimo del enredo al dar la razón de por qué no había podido ir más allá con los seudoacuerdos: porque el Sáhara es un Territorio No Autónomo de acuerdo a derecho, lo que significa que España nunca tuvo la soberanía del Sáhara, como en cambio tiene sobre Cuenca, sino sólo la administración. Y como él dijo, España no podía darle a Marruecos, lo que España nunca había tenido.

¿Traspasaron entonces los franquistas la administración? No, hicieron como que la traspasaban, con una ficción, los acuerdos de Madrid, que el propio enviado de Moratinos a Aminetu, Agustín Santos, dijo que no está vigentes (nunca lo estuvieron). Lo que hicieron los Gobiernos que siguieron a la muerte del dictador, fue ni confirmar (no podían porque incluso esta cesión de la administración nos hubiese situado en un incumplimiento de la legalidad internacional) pero tampoco negar oficialmente. Se estableció así ese limbo jurídico que le ha servido a Marruecos para hacer como que no es un potencia que ocupa de facto pero ilegalmente el Sáhara.
Así que, si miramos bien, ahora volvemos a repetir lo mismo, Decimos que de soberanía nada y, en cuanto a la administración, Zapatero y Moratinos ni niegan ni asienten. Dicen que se han limitado a “constatar” que quien manda en El Aiún es el régimen alauita. Constatar, efectivamente, no es lo mismo que reconocer, es darse cuenta, ¡por fin¡ después de 34 años, que algo está pasando en el Sáhara.

Es el mismo juego ambiguo de las palabras de aquella resolución de la ONU 3458 B que en diciembre de 1975 “tomó nota” de los acuerdos de Madrid que entregaron el Sáhara a su enemigo, como quien dice: “vale, ya que os empeñáis los españoles y marroquíes, me doy por enterado”. Lo cual, no significa que la ONU considerase que esos acuerdos podían ser certificados de acuerdo a derecho. De hecho, la ONU tomó nota, pero siguió reconociendo a España como potencia administradora, reconociendo implícitamente que esos acuerdos de Carro habían sido una tomadura de pelo con la que contentar a Hassán II y despistar a la opinión pública, quizás, pero nada más.

Francia, en esta ocasión, ha hablado mucho más claro que Moratinos. Sarkozy puede permitirse el lujo de mentir, diciendo que Marruecos es la potencia administradora, porque puede cubrirse las espaldas haciéndose el tonto señalando a Moratinos: “Pero si lo ha dicho éste, que representa a España, la potencia que tiene la palabra sobre el asunto”. Pero Zapatero y Moratinos, no pueden ser tan claros precisamente por eso, porque España es la autoridad administradora y ello implica obligaciones legales con el pueblo que tutela ante la comunidad internacional. De nuevo, esa legalidad que llevó a los españoles a echarse a la calle en contra de Aznar y Bush pero que el PSOE y el PP de Rajoy quieren ocultar y tergiversar cuando se trata del Sáhara español.

Por ahora, esta nueva edición de los Acuerdos que nunca existieron sólo sirve para que la prensa de Mohamed haga títulos triunfales, no sirve más que para hacerle un paripé al sultán con el que salvarle la cara ante los suyos del ridículo monumental que ha hecho por culpa de una sola y frágil mujer con mucha determinación y coraje. Pero, dada la andadura que ha tenido hasta ahora el Gobierno de Zapatero con el asunto del Sáhara, lo mismo se ponen a enredar en la ONU para vengarse de los quebraderos de cabeza que tanto coraje les ha costado. Siempre es posible lo peor, y Marruecos, desde 1975, ha movido sus hilos para extorsionar a España y promocionar a su costa una de esas chapuzas que, de vez en cuando, triunfan en la ONU. Allí, al fin y al cabo, las decisiones no las toma un ente puro, sino los estados y quienes los representan.

P. D. Oído cocina, querido profesor Portillo. Nada de olvido ni de relajo, que sólo hemos tomado un poco el aire para oxigenarnos, nos hemos avituallado por si acaso hay que volver a las trincheras, hemos puesto un poco de orden en la retaguardia casera (como si Mohamed hubiese bombardeado), transitado por la mani del sábado para tantear el terreno y una sesión de cine para restablecer la neurona y aquí estamos de nuevo. Como también dice Antònia, ahora no hay que perder de vista las posibles contrapartidas que Mohamed querrá cobrarse por renunciar a matar a Aminetu. Además, hay que recuperar temas que el Haidargate obligó a dejar a un lado, como la nueva farsa electoral en Guinea que Obiang ha consumado con los parabienes de Zapatero y, cómo no, de su amigo Moratinos. Campillo: efectivamente, ha sido lamentable, pero Aminetu ha marcado un antes y un después en la guerra del Sáhara. Gracias Alex/Alejandro por tu indicación, ya subsané el error en el pie de foto. Gracias a todos.

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